– Informe de la visita del equipo universitario destaca patrones de violaciones en casos de megaproyectos
– Abusos y violaciones a los derechos humanos en contra de personas y comunidades que se oponen a dichos proyectos
– Informe presenta una serie de recomendaciones a los gobiernos mexicano, estadounidense, canadiense y a la Unión Europea así como a las empresas que operan en México
El día 30 de julio de 2011, en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que se celebró en la comunidad de Salsipuedes, Guerrero, se hizo público el informe “Han destruido la vida de este lugar”: Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y daños ambientales en México, producto de la visita realizada por investigadores de la Universidad de Fordham (Nueva York) en febrero pasado. En éste se destacan serias violaciones a los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas por megaproyectos en México. El gobierno viola reiteradamente los derechos de las comunidades a participar en el proceso de planeación del megaproyecto (derecho de consulta y participación) y el derecho a la información (sobre el proyecto y su impacto). Residentes de estas comunidades, defensores ambientales y de derechos humanos, han sufrido amenazas, acosos, ataques e incluso algunos han sido asesinados por su oposición a los proyectos.
Según el informe, estas violaciones tienen lugar en un contexto de violencia e impunidad favorecido y tolerado por autoridades al nivel federal y estatal, quienes no cumplen con su deber de castigar a los responsables de estos crímenes. Empresas con sede en México, Canadá, los Estados Unidos y la Unión Europea invierten en tales proyectos y son a menudo cómplices en dichas violaciones.
La Clínica Internacional de Derechos Humanos Walter Leitner de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham visitó cuatro proyectos en una gira en el país en febrero de 2011: la Supervía Poniente en la Ciudad de México, la presa El Zapotillo, Jalisco, la mina “Fortuna Silver” en San José del Progreso, Oaxaca, y la mina “New Gold” en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Los investigadores se entrevistaron con residentes que luchan por sus derechos a un medio ambiente adecuado y participación en las decisiones que afectan sus vidas. Asimismo investigaron sobre el proyecto hidroeléctrico La Parota en Guerrero y la presa Paso de la Reina en Oaxaca.
A través de los testimonios obtenidos de los residentes, la Clínica constató la falta de consulta adecuada a las comunidades sobre los planes del proyecto y para proveerles información sobre el impacto previsible del mismo. El informe detalla cómo las comunidades no son informadas sobre cómo se verán afectadas por el proyecto, si se verán forzadas a desplazarse y el impacto de los daños ambientales que causará. Por otra parte, la búsqueda de protección y justicia ante los tribunales resulta muchas veces ineficaz.
Según el informe publicado hoy, la impunidad y la falta de respeto por el estado de derecho tienen graves consecuencias sociales y psicológicas para los y las residentes que legítimamente se oponen a la implementación unilateral de los megaproyectos. La estigmatización que sufren por ser tachados de “anti-desarrollo” o “anti-patrióticos” por los medios de comunicación y las autoridades es continua. A través de este discurso y tácticas coercitivas, el gobierno y las empresas multinacionales han fomentado un clima de vulnerabilidad para las y los defensores comunitarios que se oponen a los proyectos.
El informe concluye con varias recomendaciones hechas al gobierno mexicano (federal y estatal), a los gobiernos canadiense, estadounidense y a la Unión Europea así como a empresas operando en México. El informe invita al gobierno mexicano a investigar todos los ataques contra las personas que luchan para la defensa de su tierra y territorio y a perseguir a los responsables, a respetar y reforzar los derechos a la información y consulta cuando se planean megaproyectos y a mejorar el cumplimiento de las leyes medioambientales y la entrega de permisos para proyectos de gran escala, en especial en lo que concierne SEMARNAT y PROFEPA.
A los gobiernos canadiense, estadounidense y a la Unión Europea se les invita a exhortar a todas las empresas cuyas sedes se encuentran bajo sus jurisdicción y que estén financiando o construyendo proyectos en México a que respeten los principios del Pacto Global de la ONU y las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en materia de responsabilidad social. Se invita a las empresas trabajando en México a operar con el mismo grado de cuidado y respeto hacia las comunidades locales tal y como lo harían en sus países de origen y a cumplir con todos los requisitos legales aplicables.
Las organizaciones y movimientos sociales continuarán luchando en contra de los megaproyectos que afectan sus comunidades y modos de vida. En este sentido, es urgente respetar sus derechos a la vida e integridad física y personal así como garantizar sus derechos a la consulta, participación e información.
WALTER LEITNER INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ
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Katy Glenn
Clínica Internacional de Derechos Humanos Walter Leitner,
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